MARCHA Y CONTRA MARCHA EN LOS PENALES

Por: Dr. Edhín Campos Barranzuela

Bastante malestar ha causado en predios políticos, sociales y judiciales, las marchas y contramarchas del Congreso de la República sobre el desordenado debate del Proyecto de Ley sobre el Deshacinamiento de los centros penitenciarios en el Perú.

En efecto, el 05 de mayo del año en curso, el Poder Ejecutivo envió al presidente del Congreso el proyecto de ley que establece medidas excepcionales para el deshacinamiento de los establecimientos carcelarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus Covid-19.

Dos días después, el presidente del Poder Judicial envía al Poder Legislativo dos proyectos de ley, el primero referido a la Remisión Condicional de la Pena y Revisión Excepcional de la prisión preventiva, con la finalidad de descongestionar las 68 cárceles en el Perú, a propósito de la propagación del coronavirus.

El primer proyecto estaba referido a las nuevas medidas de cesación de la prisión preventiva para todos los internos e internas procesados, que no se encuentren investigados por la comisión de delitos considerados «graves».

Para tal efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 283 del Código Procesal Penal, el juez competente evalúa los elementos de convicción del imputado y adicionalmente debería tener en cuenta que el procesado cuenta con un plazo de prisión preventiva ampliada y que el solicitante se encuentre dentro del grupo de personas vulnerables de especial riesgo al Covid-19.

Por su parte, el segundo proyecto de ley del Poder Judicial estaba referido a la Remisión Condicional de la Pena y tenía por objeto incorporar, temporalmente, la remisión condicional de la pena privativa de la libertad efectiva para los internos condenados, con el fin de impactar positivamente en el deshacinamiento a nivel nacional y preservar la vida, la integridad y la salud de las personas privadas de libertad por sentencia firme.

Ambos proyectos per sé, son bastante interesantes e iban a dotar a los jueces penales de un nuevo marco legal para empezar con el descongestionamiento de los centros carcelarios, sin embargo, el Congreso de la República prácticamente ha manifestado que la atribución de legislar en esta materia le compete al Poder Ejecutivo y porque además se podría producir una masiva excarcelación de procesados y condenados por crimen organizado.

Sea como fuere, sea el Poder Ejecutivo o el Congreso de la República el legislador, el problema de las cárceles debe solucionarse de inmediato, pues con la salud pública penitenciaria no se vacila, no se espera ni se juega, por lo que la pregunta salta de madura.

¿Es que acaso los internos son inmunes? ¿no son seres humanos? ¿dónde se encuentra la protección de la dignidad humana y protección de las poblaciones vulnerables? ¿Se debe esperar que se produzcan más muertes como las registradas en algunos penales?

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