Castigar la corrupción

Las consecuencias nefastas de la corrupción para un país de renta media como el Perú han sido ampliamente documentadas. Uno de sus principales efectos es el perjuicio directo que causa a la población, dado que recursos que deberían invertirse con eficiencia en obras para solucionar sus problemas más urgentes terminan en los bolsillos de inescrupulosos o en cuentas cifradas a nombre de empresas off shore en paraísos fiscales.

Ejemplos de esta lamentable situación hemos tenido varios y no solo en los últimos años o décadas. El desaparecido historiador Alfonso Quiroz, en su notable Historia de la corrupción en el Perú, subrayó la naturaleza endémica de este fenómeno al documentar que está presente en la historia nacional desde antes incluso del nacimiento de nuestra República.

La actual pandemia causada por el nuevo coronavirus no ha sido óbice para que algunos malos peruanos incurran en actos de corrupción, sin tomar en cuenta que la población necesita en este contexto eficiencia y transparencia en los actos públicos, de tal forma que todas las medidas aprobadas para aliviar la complicada situación presente tengan el efecto esperado.

El Ministerio Público informó que hasta la fecha se ha registrado un total de 653 casos vinculados con presuntos actos de corrupción cometidos durante el estado de emergencia establecido por el Gobierno con el propósito de frenar el avance del covid-19.

Entre los hechos investigados se encuentran la sobrevaloración de precios en la compra de las canastas con alimentos que los gobiernos locales debían entregar a las familias más vulnerables y la provisión de estos artículos a familiares de los alcaldes, así como la compra de mascarillas y guantes que no cumplían los requisitos exigidos, entre otros.

Es positivo que el Ministerio Público investigue estas acciones luctuosas y esperamos que en el menor tiempo posible se apliquen las sanciones más severas establecidas en nuestro ordenamiento legal. Actos de este tipo, que entorpecen los esfuerzos que se despliegan para mitigar los efectos de la pandemia, perjudican de forma directa a los más pobres de nuestro país, pero también instauran el desaliento, pues hacen pensar que la corrupción es la regla y no la excepción en el Perú.

Por ello, han hecho bien los más altos representantes del Poder Ejecutivo cuando se pronunciaron a favor de duplicar las penas y las sanciones para aquellos malos funcionarios que buscan enriquecerse dando mal uso a los recursos económicos públicos durante el actual estado de emergencia.

De hecho, en el Congreso de la República ya se han presentado proyectos de ley que proponen modificar el Código Penal con la finalidad de aumentar las sanciones para los responsables de actos de corrupción en períodos similares al que vivimos.

No sería mala idea, por consiguiente, que la Comisión de Justicia de Parlamento estudie con prioridad, responsabilidad y sin populismo estas propuestas, y proponga penas que castiguen con drasticidad a las personas que le hacen daño a nuestro pueblo con su accionar ilícito.

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