Positivo convenio con clínicas

El momento actual debe servir también como marco para que las entidades prestadoras de salud de naturaleza privada sinceren sus estructuras de costos y cobren precios razonables por sus servicios.

Pocas horas después de que el presidente Martín Vizcarra hizo hincapié en la necesidad de que las clínicas privadas llegaran a un acuerdo con el Estado para atender a los pacientes de covid-19 a precios razonables, ambas partes arribaron a un entendimiento que permitirá ampliar la capacidad de respuesta sanitaria frente a la pandemia.

En virtud de ese acuerdo, un paciente grave por covid-19 que no encuentre cama en un hospital público podrá ser derivado a una clínica y los gastos que genere su atención serán asumidos por el Estado con una tarifa plana fijada en 55,000 soles.

El acuerdo es aplicable para las clínicas a escala nacional y, además, el Estado se compromete a estudiar las elevadas deudas contraídas por las familias cuyos miembros recibieron atención médica en estas entidades prestadoras de salud por coronavirus. El objetivo es evitar que estos hogares caigan en la pobreza debido a la obligación de pagar facturas que ascienden increíblemente a cientos de miles de soles.

A todas luces, resulta alentador y es una buena noticia la suscripción de este convenio, en virtud de que por su intermedio se incrementarán las opciones de los enfermos para obtener atención médica especializada en caso tengan el infortunio de contraer la peligrosa enfermedad.

Se ha afirmado que este instrumento no tendría un impacto significativo en la reducción de la demanda de servicios médicos, dado que la capacidad de las clínicas privadas para atender a pacientes en situación crítica es reducida. No obstante, este enfoque utilitarista es equivocado, pues si el acuerdo contribuye a salvar la vida de un solo ser humano, estará plenamente justificado.

Por ello, resulta un acierto del Estado haber promovido un entendimiento con privados, aun cuando para lograrlo fue necesario que el presidente Martín Vizcarra anunciara que, de no haber acuerdo, se aplicaría el artículo 70 de la Constitución, que permite expropiar una propiedad privada en situaciones de grave emergencia.

El momento actual debe servir también como marco para que las entidades prestadoras de salud de naturaleza privada sinceren sus estructuras de costos y cobren precios razonables por sus servicios. No se está sugiriendo aplicar control de precios o la intervención estatal para regularlos, experiencias de triste recuerdo en el país. Por el contrario, se considera necesario que las clínicas, en tanto empresas privadas que persiguen el lucro, lo hagan sin facturar montos exorbitantes, como el caso de un centro de salud que exige el pago de aproximadamente medio millón de soles a una familia por tratar a uno de sus miembros que había contraído el covid-19.

Hace poco, a raíz de la polémica por los cobros de las escuelas privadas por la educación virtual, el Ejecutivo pidió a estas entidades sincerar sus costos y cobrar precios justos a los padres de familia. En el caso de las clínicas, ameritaría una invocación similar, con mayor propiedad ahora que nuestro país se encuentra combatiendo a una pandemia sin precedentes en la historia.

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