Importante avance

“Al dejar de lado las naturales discrepancias han demostrado que cuando se depone cualquier tipo de interés o ánimo de confrontación es fácil alcanzar acuerdos que la opinión pública aplaude”.

Como característica intrínseca de la democracia, la institucionalidad es una condición básica para generar condiciones de gobernabilidad, lo que se traduce en un constante trabajo consensuado entre los poderes del Estado, tal como lo han demostrado el Congreso de la República y el Ejecutivo al dar un importante avance en el proceso de reformas políticas con la aprobación y promulgación de dos normas de carácter electoral y otra disposición legal que afina la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Sin duda, se trata de un paso necesario en la consolidación del modelo democrático. La ciudadanía demandaba este tipo de modificaciones en el andamiaje normativo para optimizar la elección de autoridades con el voto popular, y ajustar los mecanismos que permitan seleccionar a los juristas más experimentados y probos como integrantes del máximo organismo de interpretación de la Carta Magna.

Este es un claro ejemplo de cómo dos poderes del Estado han actuado de manera concertada para favorecer el bienestar de la población. Al dejar de lado las naturales discrepancias han demostrado que cuando se depone cualquier tipo de interés o ánimo de confrontación es fácil alcanzar acuerdos que la opinión pública aplaude. Esto genera optimismo para lograr nuevas coincidencias en el futuro y así construir condiciones óptimas para que el siguiente gobierno conduzca al país hacia su desarrollo, tras sufrir los embates de una pandemia que ha desnudado las debilidades de las naciones.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha saludado ese esfuerzo concertador del Parlamento, y en reconocimiento a tal labor promulgó de inmediato, y ante cámaras, tres reformas políticas referidas a la elección de los magistrados del TC por concurso de mérito, a la paridad y alternancia en las listas de candidatos, y a la creación del distrito electoral de peruanos en el exterior.

La primera de ellas formaba parte de la reforma política que el Poder Ejecutivo impulsó desde el año pasado con la modificación de la Ley Orgánica del TC, pero lamentablemente en setiembre del 2019 el anterior Congreso intentó seguir procedimientos que la población rechazaba para elegir a los magistrados de la institución, lo que originó la presentación de una cuestión de confianza, mecanismo que fue rechazado y tuvo como consecuencia el cierre constitucional del Parlamento.

A ello se suma el cambio de la legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia en las listas de candidatos, un procedimiento demandado por el Gobierno para que la mujer no solo tenga el derecho, sino también la oportunidad de ocupar puestos de toda índole y desempeñarse en cargos de elección popular. Finalmente, figura la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones para crear la circunscripción de votantes peruanos en el extranjero, un requerimiento para que cerca de un millón de connacionales sufraguen en los diferentes comicios del país.

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