LOS CUATRO ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS ENTRE EL GOBIERNO Y EL CONGRESO

Ya pasó un año desde que Martín Vizcarra disolvió en Parlamento anterior y seis meses desde que se instaló la nueva conformación. Aquí resaltamos los principales desencuentros que han protagonizado ambos poderes del Estado.

Ayer se cumplió un año desde la histórica disolución del Congreso. Elnuevo Pleno transitorio, instalado el 16 de marzo, ya tiene seis meses en funciones. En este tiempo, marcado por la crisis sanitaria y económica debido a la pandemia, no han faltado los enfrentamientos de poder con el Ejecutivo. El último lunes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Congreso, Manuel Merino, se reunieron durante una hora en Palacio de Gobierno para suavizar la tensión. Sobre este encuentro, y tras el procedimiento frustrado de vacancia presidencial, el mandatario refirió que ya se ha dado vuelta a la página y que los peruanos “no quieren autoridades enfrentadas”. La relación tirante Ejecutivo-Congreso tiene varios capítulos centrales. En esta cronología revisamos los cuatro más destacados:

(SETIEMBRE) LA MOCIÓN DE VACANCIA PRESIDENCIAL

.Aunque el pedido de vacar a Martín Vizcarra por presunta incapacidad moral no prosperó en la votación del 18 de setiembre, la sola formulación dio pie a la más profunda crisis política de este conteo. Ocho días antes, en sesión plenaria del Congreso, se habían revelado unos audios que involucrarían al jefe del Estado en la polémica sobre Richard ‘Swing’ Cisneros, el cantante cuyas contrataciones irregulares con el Ministerio de Cultura se encuentran en investigación fiscal. “Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila.

Nada de lo presentado de manera ilegal constituye causal de vacancia”, había señalado Vizcarra en mensaje a la Nación. Frente al proceso de destitución, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, a fin de que este interprete si hubo excesos de atribuciones por parte del Congreso.

(Agosto) El rechazo al Gabinete Cateriano.El martes 4 de agosto, el Pleno del Congreso no otorgó la confianza a Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros. Con solo 20 días de asumido el puesto, Cateriano se vio forzado a renunciar junto con todo su equipo ministerial. Aunque al día siguiente de su juramentación, el premier se había reunido con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, el acercamiento no garantizó el respaldo de 54 parlamentarios.

El pronóstico ya era poco alentador tras la presentación de Cateriano para el pedido de la investidura, con un discurso altamente criticado que analizamos aquí. En su momento, Vizcarra tildó de “cálculo político” el rechazo a su Gabinete y lo asoció con presuntos intereses particulares de algunos congresistas que impulsan el retroceso de la reforma universitaria. Cateriano, reveló que la falta de respaldo a su permanencia estaba relacionada con la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, cuya gestión defiende precisamente la vigencia de la Sunedu.

(JULIO) NUEVA PELEA POR LA MODIFICACIÓN DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA.

Una de las reformas políticas pendientes en el Congreso tiene relación con la protección especial que tienen los parlamentarios ante un proceso judicial o una detención preventiva. En un inicio, el dictamen sobre este proyecto no había alcanzado los votos requeridos y Vizcarra anunció el impulso de un referéndum, a fin de que la población decida. Ese mismo día, el domingo 5 de julio, el Pleno se reunió de manera extraordinaria y reconsideró la votación.

No obstante, el texto que finalmente aprobó tenía nuevas modificaciones que incluían el retiro de la inmunidad del presidente de la República, de los miembros del TC y del defensor del Pueblo, además de la posibilidad de antejuicio para los ministros de Estado. “Nos quieren tomar el pelo y que la eliminación de inmunidad se caiga por inconstitucional”, declaró Vizcarra al siguiente día. El mecanismo aplicado para su aprobación fue cuestionado por varios constitucionalistas y ex magistrados del TC.

De hecho, condensamos ese análisis aquí. El proyecto aún no se consolida como reforma, pues requiere de una segunda votación en esta legislatura. El plazo para aprobarla vence el 18 de diciembre de este año. De no lograrlo, la iniciativa pasaría al archivo.

(JUNIO) EL POLÉMICO PREDICTAMEN QUE LE RESTABA AUTORIDAD A LA SUNEDU.

En esa ocasión, la Comisión de Educación del Congreso había agendado el debate de un predictamen que proponía crear un tribunal superior a la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu).

Esto, con el fin de que las universidades puedan impugnar las resoluciones que denieguen su licenciamiento.

Se planteaba, además, que el grupo interviniente fuera integrado por un congresista, en representación de la propia Comisión.

El ministro de Educación, Martín Benavides, señaló que la propuesta era un atropello y el presidente Vizcarra respaldó aquel comentario, señalando que el Congreso pretendía viabilizar normas peligrosas “entre gallos y medianoche” y “aprovechando las circunstancias [de la pandemia]”. El 13 de junio, luego de que varios rectores sumaran sus críticas, la Comisión de Educación confirmó que el proyecto había sido retirado.

CONGRESISTAS Y UNIVERSIDADES PRIVADAS

Como es públicamente conocido, algunos políticos con bancadas en el Congreso tienen relación con universidades privadas.

Entre ellos, está José Luna, líder de Podemos Perú, cuyas universidades perdieron la autorización de la Sunedu. LA ONP La insistencia en el retiro de “fondos” de la ONP.

Este lunes, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso insistió en que se publique la autógrafa de ley que permite a aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) retirar hasta S/ 4 300. El proyecto, que fue aprobado por el Pleno el 25 de agosto, recibió observaciones del Ejecutivo el 18 de setiembre, por considerar que tiene errores de evaluación técnica y visos de inconstitucionalidad.

El debate respecto de la liberación total de aportes a la ONP se ha extendido desde mayo, cuando empezaron a aprobarse en comisiones varias iniciativas en ese sentido. En julio, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, señaló que proyectos de este tipo son inviables, pues la ONP no acumula fondos porque su mecanismo es de reparto y caja única. Además, anunció que una eventual norma (como la aprobada), terminaría en proceso de inconstitucionalidad ante el TC.

En agosto, el premier Walter Martos declaró lo propio. Este escenario de posible nueva confrontación se configura pese a que el Ejecutivo presentó una contrapropuesta a inicios de setiembre.

(rpp.pe)

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